El caso de Juan Francisco Villalobos Prado, de 39 años, volvió a encender el debate sobre las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social. Villalobos recibió más de 16 millones de pesos en pagos hasta mayo de 2025, pese a que su causa por presuntos apremios ilegítimos fue cerrada sin investigación ni acusados.
La querella, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2019, denunciaba tortura y abuso sexual por parte de Carabineros, pero el Ministerio Público decidió no perseverar en enero de este año debido a la inasistencia del denunciante a peritajes clave y su falta de interés en el proceso.
El caso se vuelve aún más complejo al considerar los antecedentes penales del beneficiario. Villalobos fue condenado por hurto en 2008 y enfrentó una causa por estafa en 2019, tras recibir una transferencia no autorizada de $900 mil.
Incluso tuvo una orden de detención vigente hasta 2022, el mismo año en que se le otorgó la pensión por decreto, firmado por los ministros Mario Marcel y Carolina Tohá. La causa por estafa fue cerrada en 2024 tras pagar solo $300 mil, menos de la mitad del monto mensual que recibía por la pensión.
Este caso no es el único. Según cifras de la Tesorería General, 405 personas han recibido más de $5.434 millones en pensiones vitalicias, de las cuales 270 fueron otorgadas bajo el gobierno de Gabriel Boric.
Un informe de Contraloría reveló que al menos 58 beneficiarios tienen antecedentes por delitos como estafa, tráfico, abuso sexual o violencia intrafamiliar.
Aunque el gobierno revocó 28 pensiones en 2023 por situaciones similares, la revisión de antecedentes penales no era exigida por ley al momento de otorgarlas, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de entrega.